La asociación civil Usina de Justicia presentó una denuncia penal contra la jueza Marta Elba Pascual, luego de que la magistrada suspendiera por 60 días la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil en la provincia de Buenos Aires. La entidad también solicitó intervenir como amicus curiae en la causa que tramita el hábeas corpus colectivo.
Desde la asociación cuestionaron los fundamentos de la resolución y sostuvieron que no existe una afectación concreta de derechos ni un peligro inminente para los adolescentes alcanzados por la nueva normativa. Además, rechazaron la hipótesis de un posible aumento de las internaciones que pudiera generar hacinamiento en los institutos de menores.
En su presentación, Usina de Justicia remarcó que el nuevo régimen no contempla únicamente sanciones privativas de la libertad. La norma también prevé medidas educativas y de acompañamiento, servicios comunitarios, prohibiciones de contacto, monitoreo electrónico y mecanismos de reparación del daño para los adolescentes en conflicto con la ley penal.