En febrero de 2025, una de las imputadas se valió de una relación de confianza para ofrecer a la víctima acceso a electrodomésticos mediante una supuesta ayuda social. Le solicitó una fotocopia del DNI y lo derivó a un local comercial donde, junto a la otra imputada, le hicieron elegir productos y firmar papeles bajo el argumento de que eran para constancia de la ayuda. Luego, lo trasladaron a otro comercio, donde ocurrió una operación similar. Días después, la víctima descubrió que se le había debitado una cuota correspondiente a un préstamo personal por una suma cercana a $1.200.000, con el que se habían adquirido, además de los productos que recibió, numerosos artículos adicionales que no había solicitado ni autorizado.