Los registros automotores tenían convenios con municipios y provincias que les permitían retener los trámites de transferencia si el vehículo tenía deudas de patentes o multas. Este sistema obligaba a los compradores a asegurarse de que los autos estuvieran libres de deudas antes de completar la transferencia. Con la nueva normativa, los registros dejarán de bloquear la transferencia de vehículos con deudas, quedando directamente a negociación entre el comprador y el vendedor.