La modificación no supone que todos los adolescentes acusados de un delito vayan a ser privados de su libertad. La legislación establece un procedimiento especializado y un abanico de respuestas que deberán definirse según el hecho, las circunstancias y la situación particular de cada adolescente. Eso lo etsablecerá el juez que juzgue la causa.
La Senaf tendrá a su cargo buena parte de la aplicación administrativa: los programas socioeducativos, las prácticas de justicia restaurativa, los centros de alojamiento y la articulación con municipios, comunas, escuelas, organizaciones sociales y áreas de salud.
La privación de la libertad deberá ser excepcional, de último recurso y por el plazo más breve posible. La ley prioriza medidas socioeducativas