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Judiciales ESTAFAS EN EL HOSPITAL OBARRIO
10/06/2026
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#Policiales | FALSIFICABAN RECETAS MÉDICAS PARA OBTENER PAÑALES Y MEDICAMENTOS: DEBERÁN PAGAR $500 MIL Y HACER TRABAJO COMUNITARIO
Un matrimonio tucumano fue procesado por falsificar recetas médicas con el objetivo de obtener pañales, medicamentos e insumos destinados a su hija con discapacidad, en una maniobra que se habría extendido durante más de un año y que terminó siendo descubierta por una auditora del sistema de salud.
Según la investigación judicial, Elizabeth Romano y Nicolás Álvarez presentaron al menos 53 recetas apócrifas atribuidas a un profesional del Hospital Obarrio entre abril de 2024 y julio de 2025. La documentación era utilizada para gestionar la entrega de insumos a través del programa Incluir Salud Tucumán.
De acuerdo con la acusación, Romano, en su carácter de apoderada de la menor ante ANSES, era quien presentaba las recetas en las oficinas correspondientes, mientras que Álvarez retiraba posteriormente los productos en farmacias autorizadas utilizando su Documento Nacional de Identidad.
Entre los elementos obtenidos figuraban pañales descartables, materiales de curación y medicamentos de uso frecuente, como Hipoglós, amoxicilina, ibuprofeno y otros productos destinados al tratamiento y cuidado de la niña.
La maniobra salió a la luz cuando una médica auditora detectó irregularidades en la escritura de una receta utilizada para solicitar pañales.
Tras verificar la documentación, se confirmó que el médico cuya firma aparecía en las prescripciones no había autorizado ni firmado dichos documentos.
A partir de la denuncia se realizó un allanamiento en octubre del año pasado, durante el cual se secuestraron más de cien recetarios pertenecientes al Hospital Obarrio, teléfonos celulares, cajas de medicamentos, pañales para adultos y otros elementos considerados de interés para la causa.
La Fiscalía imputó a ambos acusados como coautores de los delitos de falsificación de documento y estafa contra la administración pública.
Sin embargo, las partes arribaron a un acuerdo de suspensión de juicio a prueba (probation), mediante el cual los imputados se comprometieron a abonar una reparación económica de 500.000 pesos y realizar tres horas semanales de tareas comunitarias durante un año en una fundación ubicada en Yerba Buena.
La propuesta fue aceptada por la auxiliar de fiscal Emely Rafael, quien destacó que se trata de un caso atravesado por la situación de vulnerabilidad de la menor involucrada. Finalmente, la jueza Isolina Apás Pérez de Nucci homologó el acuerdo y dispuso el cumplimiento de las condiciones establecidas.
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