La Legislatura de Tucumán dio un paso clave en materia de transparencia institucional al aprobar por unanimidad la denominada Ley de Ficha Limpia, una normativa que impedirá el acceso y la permanencia en cargos públicos a personas con condenas firmes por delitos dolosos.
La iniciativa establece que quedarán inhabilitados quienes tengan condenas iguales o superiores a tres años, siempre que exista el llamado “doble conforme”, es decir, que la sentencia haya sido ratificada en segunda instancia.
El proyecto contó con el respaldo de todos los bloques políticos y fue destrabado tras la intervención del vicegobernador Miguel Acevedo, en un contexto donde la medida figuraba entre los temas más sensibles dentro de la agenda legislativa.
Desde la comisión de Asuntos Constitucionales, su presidenta Carolina Vargas Aignasse explicó que el texto final surge del análisis de múltiples proyectos, incluido el impulsado por el Ejecutivo provincial encabezado por el gobernador Osvaldo Jaldo.
Según detalló, se introdujeron modificaciones para evitar cuestionamientos de inconstitucionalidad y garantizar el respeto al principio de inocencia.
ALCANCE EN LOS TRES PODERES
La ley tendrá aplicación en todos los niveles del Estado:
Poder Ejecutivo: ministros, secretarios, directores, autoridades de entes y empresas estatales, además de la cúpula policial.
Poder Legislativo: autoridades de bloque y cargos administrativos jerárquicos.
Poder Judicial: integrantes de la Corte, Ministerio Público Fiscal y de la Defensa.
Asimismo, la normativa se extiende a municipios y comunas, alcanzando a funcionarios ejecutivos, concejales con funciones administrativas y jueces de faltas.
CONTROL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Uno de los ejes centrales es la creación de un Registro Público Provincial de Ficha Limpia, que funcionará bajo la órbita del Ministerio de Gobierno y Justicia. Además, será obligatorio presentar una declaración jurada para acceder a cargos públicos.
La ley también habilita a los ciudadanos a impugnar candidaturas en caso de detectar incompatibilidades, reforzando los mecanismos de control social.
UN CAMBIO EN LÍNEA CON OTRAS PROVINCIAS
Con esta sanción, Tucumán se suma a otras jurisdicciones del país que ya avanzaron con normativas similares, en respuesta a una creciente demanda social por mayor transparencia en la política.
Ahora, resta la promulgación por parte del Ejecutivo para su entrada en vigencia, en medio de un debate que también se replica a nivel nacional.
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