La causa se originó a partir de sucesivas fiscalizaciones de la AFIP y procedimientos penales que expusieron un esquema continuado de evasión tributaria y previsional vinculado a la explotación del Ingenio La Trinidad. Según el Ministerio Público Fiscal, “los hechos que conforman el objeto del caso denotan la existencia de un grupo de personas humanas y jurídicas que, al menos desde el año 2011 se dedican a evadir el pago de obligaciones tributarias y previsionales”. Para los investigadores, el mecanismo consistió en la rotación sucesiva de sociedades que explotaban formalmente la planta, hasta quedar vacías de ingresos activos y sin cumplir obligaciones fiscales.
De acuerdo con el dictamen, el grupo económico estaría integrado, al menos, por Mijasi SRL, Azucarera del Sur SRL, Anzuc SRL, Fideicomiso Azúcares del Tucumán y Los Chaguares SA, todas vinculadas a la producción y comercialización de azúcar y derivados. “Estas empresa, luego de un período acotado, eran vaciadas de todo ingreso y actividad, al tiempo que dejaban de cumplir con sus obligaciones fiscales, tributarias y previsionales”, señaló el Ministerio Público Fiscal. Cada una asumía la actividad por un lapso, registraba empleados y operaciones comerciales, y posteriormente quedaba inactiva ante las autoridades tributarias.
Los fiscales identificaron como imputados a Ricardo Sixto Ansonnaud, Fabio Enrique Seoane, un hombre fallecido hace pocos días y dos empleados, así como a las empresas mencionadas, todas las cuales deberían responder como integrantes de la asociación ilícita. Según surge de las certificaciones administrativas, los montos evadidos por IVA y Ganancias en algunos períodos superan los $93 millones en 2017 y $109 millones en 2018 respecto de Los Chaguares SA, además de sumas millonarias en otros ejercicios y retenciones previsionales impagas.
La figura penal atribuida es la de asociación ilícita tributaria, prevista en el artículo 15 inciso “c” de la Ley Penal Tributaria, que sanciona a quien “formare parte de una organización o asociación compuesta por tres o más personas que habitualmente esté destinada a cometer cualquiera de los delitos tipificados en la ley penal tributaria”. Para los fiscales, se trata de un delito autónomo, que “se consuma con la sola circunstancia de formar parte de la asociación ilícita”, sin requerir la consumación de cada delito tributario específico.
Entre los acusados se destaca el contador Ansonnaud, a quien el Ministerio Público atribuye el rol de organizador: “Las constancias remitidas dan cuenta de la intervención en un rol preponderante en la toma de decisiones relativas a la explotación del ingenio”. Ansonnaud habría actuado como beneficiario fiduciario, socio gerente y vicepresidente de compañías involucradas, con participación accionaria transversal en el conglomerado. Esta condición profesional es especialmente relevante porque, según el dictamen, “su conducta debe valorarse teniendo en cuenta su especial conocimiento de la materia tributaria y previsional”.
Seoane es señalado como organizador operativo. Según la documentación secuestrada, “revistió la calidad de presidente en Los Chaguares SA, y gerente en Mijasi SRL y Anzuc SRL”.
La maniobra investigada se completaría con la apropiación indebida de aportes previsionales. De acuerdo con la AFIP, sólo respecto de Los Chaguares SA, los montos no ingresados entre 2017 y 2019 incluyen cifras millonarias mes a mes, por ejemplo casi dos millones en julio de 2017 y más de tres millones en junio de 2019. Además, se detectó subregistración y falta de declaración de horas trabajadas. Para la fiscalía, “retuvieron los aportes previsionales (que incluyen los de obra social) a sus empleados y no se depositaron en tiempo y forma”. Los investigadores enumeran distintas maniobras concretas que, en su criterio, evidencian la asociación criminal: “la ocultación maliciosa de la realidad económica de la explotación del ingenio”, “la sistemática omisión maliciosa de declaraciones juradas”, “la registración de créditos fiscales inexistentes” y “la posible evasión previsional”. En ese mismo sentido, señalan la utilización de socios sin capacidad económica que figuraban retirando azúcar del ingenio.
La investigación contó además con la intervención de la Procelac, el organismo especializado en criminalidad económica, lo que da cuenta de la complejidad patrimonial del caso. Su participación implica que se analizan no sólo delitos tributarios inmediatos, sino el eventual diseño estructural de mecanismos de lavado, vaciamiento y desvío de activos, algo habitual en expedientes de larga permanencia.
En la conclusión del dictamen, la fiscalía solicitó aplicar medidas cautelares para asegurar bienes, con el fin de garantizar eventuales decomisos y penas pecuniarias, ya que buscan “asegurar el decomiso de los bienes que han sido objeto, producto y/o provecho del delito”.
Todos los acusados ya fueron sometidos a indagatoria y ahora la Justicia debe resolver si los procesa.
"Es una investigación absurda"
Arnaldo Ahumada, defensor del empresario Sixto Ansonnaud y de las empresas vinculadas según la investigación, habló con LA GACETA sobre la acusación del Ministerio Público Fiscal (MPF) Federal de Tucumán por asociación ilícita y evasión fiscal. Aseveró que su defendido no debe “absolutamente nada” porque todas sus obligaciones personales y las de sus empresas están cubiertas bajo un plan de pago de moratoria y blanqueo. “Y todas se están cumpliendo a rajatabla con la anuencia fiscal y la anuencia de la ARCA” , declaró el letrado, enfatizando el cumplimiento riguroso de los planes de pago que llevan tres años en ejecución.