La iniciativa empodera al Congreso pues dispone, además, que bastará con que una sola cámara rechace un DNU o decreto delegado para dejarlo sin efecto; la norma actual exige el rechazo de las dos cámaras.
En definitiva, la reforma pretende erradicar el artilugio de la “sanción ficta” contenida en la ley 26.122 que impulsó la entonces senadora Cristina Kirchner: la convalidación de los decretos a partir del silencio del Congreso.