Luis “Pato” Campos (exintendente): procesado por lavado de activos, intimidación pública, encubrimiento agravado e incumplimiento de deberes de funcionario público. No tiene prisión preventiva, pero no puede salir de la provincia ni del país sin permiso del juez, debe presentarse cada 15 días en una comisaría y no puede contactar a otros imputados. Fue embargado por $250 millones.
Sandra Figueroa (legisladora provincial y esposa de Campos): procesada por lavado de activos y asociación ilícita. Tampoco tiene prisión preventiva, pero tiene las mismas restricciones que su esposo y un embargo de $250 millones.
Roque “Chipi” Giménez (empresario): procesado con prisión preventiva por lavado de activos, narcotráfico, intimidación pública e instigación a cometer delitos. Embargo de $200 millones. Además, su defensa denunció que sufrió apremios ilegales (golpes y malos tratos en el penal de Benjamín Paz), lo que derivó en medidas de protección.
José del Carmen Roldán (exsecretario de Hacienda): procesado por lavado de activos y asociación ilícita. Fue embargado por $200 millones. Primero estuvo en el penal de Benjamín Paz, pero por su delicado estado de salud (cirrosis, hipertensión, diabetes y lista de espera para trasplante de hígado) la Justicia le otorgó arresto domiciliario.
José Albano Loru (exconcejal): procesado por asociación ilícita. Embargado por $250 millones. Permanece detenido en el penal, aunque su defensa pidió arresto domiciliario, que por ahora fue rechazado.
Pablo “Maceta” Barrionuevo (ex Desarrollo Social): procesado por asociación ilícita. También embargado por $250 millones. Sigue detenido en Benjamín Paz.
El audio que desató todo
El caso nació por un audio viralizado en junio, donde se escucha una fuerte discusión entre Campos y Giménez. En esa charla:
Giménez acusa a Roldán de “dar droga a menores”, señalando a uno de los hombres más cercanos al matrimonio Campos-Figueroa.
Le exige a Campos que lo deje gobernar y lo presiona para que se baje de la candidatura a intendente, ya que él mismo pretendía ocupar ese lugar.
Descalifica a la Policía, diciendo que “solo les da la cabeza para ser policías”, y le plantea a Campos que debía “manejar a la fuerza” para sostener el poder político.
Ese material fue considerado por la Justicia como la “puerta de entrada” para descubrir un entramado de contratos, obras públicas y dinero municipal que habría servido para blanquear fondos del narcotráfico.
Lo que sigue
El fiscal federal Rafael Vehils Ruiz sigue reuniendo pruebas:
Reconocimiento de vehículos y bienes secuestrados a los acusados (camionetas, motos, minibuses).
Pericias a teléfonos y computadoras incautadas.
Auditorías financieras y contables sobre fondos del municipio.
En los próximos días podría haber nuevos llamados a indagatoria, especialmente para Campos, que ya declaró en agosto, pero que volvería a ser citado para responder preguntas adicionales.