La Fiscalía imputó a ambos acusados como coautores de los delitos de falsificación de documento y estafa contra la administración pública.
Sin embargo, las partes arribaron a un acuerdo de suspensión de juicio a prueba (probation), mediante el cual los imputados se comprometieron a abonar una reparación económica de 500.000 pesos y realizar tres horas semanales de tareas comunitarias durante un año en una fundación ubicada en Yerba Buena.
La propuesta fue aceptada por la auxiliar de fiscal Emely Rafael, quien destacó que se trata de un caso atravesado por la situación de vulnerabilidad de la menor involucrada. Finalmente, la jueza Isolina Apás Pérez de Nucci homologó el acuerdo y dispuso el cumplimiento de las condiciones establecidas.