Más de 827.000 ciudadanos se han unido en la mayor demanda colectiva de la historia argentina para frenar la reciente reforma a la Ley de Glaciares. Tras la aprobación legislativa de cambios que ponen en riesgo el suministro de agua para 7 millones de personas, organizaciones civiles recurren a la justicia apelando a su inconstitucionalidad.
La medida surge luego de que se ignoraran aportes científicos y el rechazo del 80% de la población. Según los impulsores, la reforma "traiciona la voluntad ciudadana" al desoír a comunidades locales y expertos. El objetivo judicial es revertir este retroceso ambiental y proteger las fuentes hídricas estratégicas del país ante decisiones tomadas a espaldas de la sociedad.
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