La causa principal involucra a nueve personas. Se acusa a Beltrán de haber ordenado, entre agosto y noviembre de 2025, el traslado de cuatro presos alojados en las comisarías de Chuscha y Choromoro.
Con la presunta colaboración de Sergio Marcelo Juárez, segundo jefe de la URN, los detenidos habrían sido llevados a la propiedad privada de Beltrán, ubicada en El Cadillal, para realizar tareas de albañilería, herrería y pintura.
Actualmente, Beltrán y Juárez permanecen detenidos, al igual que los jefes de Infantería y de Personal de la unidad. Con las nuevas imputaciones, la investigación amplía el círculo de responsabilidades, alcanzando a personal administrativo que habría contribuido a garantizar la impunidad del esquema.
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