La creación de este espacio se da en un contexto clave: el Ejecutivo busca anticiparse al debate nacional sobre la baja en la edad de imputabilidad que impulsa el Gobierno central para las sesiones extraordinarias. Según el Anexo II de la norma, la capacidad operativa tendrá un tope técnico de entre 40 y 60 adolescentes. Para evitar el hacinamiento y reducir la conflictividad, el diseño contempla la organización en "unidades convivenciales" o módulos, que albergarán entre 12 y 20 jóvenes cada uno, favoreciendo un trato personalizado.