La Administración Pública identificó más de 180 mil certificados de discapacidad que seguían vigentes pese a corresponder a personas fallecidas, como parte de un relevamiento para actualizar registros y evitar fraudes.
Las autoridades anunciaron que iniciarán cruces de bases de datos y procedimientos de verificación para sanear el padrón y evitar distorsiones en políticas públicas.
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