El conflicto surgió luego de que el Tribunal Oral Federal 2 -integrado por los jueces Jorge Gorini y Rodrigo Giménez Uriburu- estableciera una serie de condiciones para las visitas que la ex mandataria puede recibir sin autorización judicial. Según esa disposición, solo pueden ingresar libremente al departamento de la calle San José 1.111 los familiares, custodios, médicos y abogados incluidos en un listado previamente presentado, mientras que cualquier otra persona necesita autorización expresa de la justicia.
La defensa de Cristina Kirchner, a cargo de los abogados Alberto Beraldi y Ary Llernovoy, presentó ese listado en un pen drive que solicitó mantener reservado. Sin embargo, también apeló la decisión del tribunal al considerar que las restricciones impuestas son inconstitucionales y excesivas.
“La normativa vigente no faculta a los jueces a imponer reglas de conducta adicionales a quienes cumplen su pena bajo arresto domiciliario, más allá del cumplimiento estricto de la privación de la libertad”, argumentaron los defensores en su planteo, al que accedió Infobae. Afirmaron que “las personas privadas de libertad en su domicilio pueden desarrollar todas las actividades no prohibidas por ley”.