La denuncia enumera decretos y resoluciones mediante los cuales se habrían flexibilizado los criterios para otorgar esos beneficios, pero también expone una maniobra para hacer “favores políticos” a intendentes y gobernadores. En ese caso, dice la presentación a la que tuvo acceso Infobae, se detectaron “personas que no solo no tenían la condición de invalidez laboral, sino que en muchos casos ni siquiera tenían una condición medica de discapacidad”. Además, se estableció que el proceso de otorgamiento, que podía tardar dos o tres años, se reducía hasta a tres meses.