Amatti afirmó que, “en su afán de extorsionar a las autoridades de la CPA, el Tribunal de Cuentas cambió de criterio y exige a la institución que se aparte de su Carta Orgánica y aporte los fondos provenientes del Juego (al Siprosa), sin tener en cuenta gastos ni costos”. El subinterventor aseguró que la “acusación es mal intencionada y roza lo ilícito”. Y remarcó que la Caja y el Siprosa firmaron un convenio a través del cual el ente crediticio “se hace cargo de financiar la construcción de un centro de atención para pacientes con trastorno del espectro autista con fondos provenientes de la explotación del juego, y que corresponden al Siprosa, con debida intervención del Tribunal de Cuentas”. Añadió que el Sistema de Salud adeuda a la Caja desde 2015 unos $700 millones  “por ocultar de manera intencional la información de la base de cálculo para el cobro de ART”, y que “este daño patrimonial jamás motivó un juicio de responsabilidad”. Incluso, dijo que el propio TC tiene una deuda con la Caja por esta cuestión. “Seguramente esta payasada en contra de Díaz es un capítulo más en la intentona de Terraf para que se desista de la denuncia penal iniciada por el desfalco cometido por su yerno Esteban González, por una cifra que actualizada rondaría los $200 millones”, dijo.