Ávidos por bajar el tono a la discusión que iniciaron la semana pasada, reconocieron, en cambio, que llevarla a cabo le correspondería a la Auditoría General de la Nación (AGN) y no al gobierno nacional, como habían anunciado la semana pasada en el tramo más belicoso de la discusión que se complejizaba a medida que avanzaban las columnas de estudiantes hacia la Plaza de Mayo.
El anuncio y el aviso sobre un control de las cuentas fueron mal recibidos en las universidades. Más allá del malestar por el severo recorte de los fondos, el rector de la UBA, Ricardo Gelpi, y el titular del CIN, que lidera la Universidad Nacional de San Luis, Victor Moriñigo, denunciaron que sería inconstitucional, porque se trataría de un intento de “violación de la autonomía universitaria”. “A las universidades nacionales las audita la Auditoría General de la Nación (AGN), que reporta al Congreso, y no al Poder Ejecutivo. Desde su génesis las universidades nacionales son creadas desde el Congreso, con lo cual la AGN es la que tiene jurisdicción. Son cosas para la tribuna”, dijo Moriñigo.