Tres reos fueron víctimas de una estafa virtual. Una persona que dijo ser juez de la provincia, les pidió dinero a los familiares de los reos, prometiendo a cambio el beneficio del arresto domiciliario. El autor el engaño se quedó con más de $ 400 mil, según revelaron fuentes policiales.
El impensado episodio tuvo lugar el viernes en la comisaría de Simoca, al sudeste de la provincia. Según la investigación, una persona que dijo ser el juez Mario Alejandro Martínez llamó al teléfono de la seccional policial y pidió hablar con la oficial de turno, Daiana Álvarez.
El estafador le ordenó que, en un plazo de una hora, le envíe datos de todas las personas que se encontraban detenidas en esa dependencia por los delitos de abuso sexual y violencia de género. También requirió los números de celulares de sus familiares.
La encargada de la dependencia policial simoqueña llamó a sus superiores para informar la novedad y requerir instrucciones, obteniendo así los datos de once detenidos, procesados o cumpliendo pena en los calabozos de la comisaría desde 2020. Los uniformados no tuvieron mayores detalles sobre lo que se hizo con la información que habían brindado.
Con los datos obtenidos, el hasta ese momento falso juez, empezó a comunicarse con los familiares de los detenidos, ya personificado como miembro de la fiscalía a cargo de la causa, ofreciendo el arresto domiciliario de la persona detenida, con pulsera electrónica, a cambio de una transferencia de $ 500 mil.
Algunos de los que recibieron la llamada se negaron a entrar en el juego y rechazaron el acuerdo, amenazando incluso con denunciar al autor de la llamada, que de inmediato se cortaba. Pero otros, se sabe que al menos tres, aunque no hay denuncia formal al respecto, cayeron en el ardid.
En cada caso, el timador dio un CBU para que se deposite el dinero acordado. En total, según las fuentes, fueron tres las personas que cayeron en la trampa. Un familiar pagó $250.000, otro $150.000 y, un tercero, $20.000. “El acuerdo, tras una negociación, finalmente se terminó cerrando por el monto que ofrecía cada una de las víctimas”, confió un investigador.
Según se pudo establecer, el estafador les había prometido a las personas que le habían pagado que en menos de una semana tendrían a sus familiares cumpliendo con el arresto domiciliario. Pero os días pasaron y la promesa que les habían hecho nunca se cumplió.
Los damnificados, al ver que sus familiares seguían en la misma condición, se comunicaron con sus abogados defensores para contarles lo que había sucedido. “Ahí se dieron cuenta de que habían sido engañados. Ahora tratamos de dar con los autores del hecho”, comentó una fuente judicial.
El caso tiene varios puntos oscuros. Por esa razón, los funcionarios del Ministerio de Seguridad iniciaron un trámite administrativo para determinar si hubo algún tipo de responsabilidad por parte del personal policial. Sí resulta llamativo que hayan brindado información confidencial con una simple llamada telefónica de un celular con la característica de otra provincia, cuando las comunicaciones entre la Justicia y la Policía se realizan a través de WhatsApp con documentos PDF.
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Concepción - Tucumán
