En representación de la UFI la auxiliar Mónica Torchán, oralizó el convenio en su totalidad, y además, solicitó que la mujer cumpla reglas de conducta por el mismo término de la condena, y una reparación económica para las víctimas, valuada en más de $5.000.000.
De acuerdo a la acusación, los hechos fueron cometidos entre 2021 y 2023, cuando la imputada captó a las víctimas con la promesa de armarles una carpeta o legajo que haría ingresar al Instituto Provincial de la Vivienda (IPV), donde tenía conocidos, asegurándoles que en unos pocos meses les haría entregar de una vivienda, recibiendo en contraprestación sumas de dinero, perjudicando patrimonialmente a sus víctimas.